Rusia aprueba un proyecto de acuerdo con Bielorrusia para una política agraria común
El acuerdo tiene como fundamento jurídico el tratado por el que se creó el Estado de la Unión el 8 de diciembre de 1999. Se prevé aplicar la política agraria común sobre la base de normas legislativas unificadas de ambos países. Los órganos del Estado de la Unión participarán en su elaboración y ejecución, mientras que las condiciones y los procedimientos se definirán en el acuerdo y en los actos que adopte el Estado de la Unión. Entre los principios establecidos figuran garantizar la seguridad alimentaria, tener en cuenta las particularidades nacionales de la política agraria, mantener un mercado agrícola común y equilibrar los intereses de consumidores y productores. El documento también prevé condiciones de competencia equitativas, la lucha contra la competencia desleal y la autosuficiencia del complejo agroindustrial en los ámbitos técnico y tecnológico. Se pretende combinar la libre formación de precios con la planificación estratégica.
La cooperación abarca nueve ámbitos. Además de la seguridad alimentaria, estos incluyen el desarrollo de la ciencia agraria y la innovación, la regulación del mercado común de alimentos, productos agrícolas y materias primas, la planificación estratégica y el suministro de información digital. Los demás ámbitos son la formación de profesionales cualificados, el suministro de recursos materiales y técnicos, la cría y mejora genética del ganado y el control de la calidad y la inocuidad de los productos. Al aplicar la política, las partes tendrán en cuenta la estacionalidad, las particularidades climáticas y naturales, la situación del mercado en cada país y el papel del sector agrario en la vida social de los territorios rurales.
Entre los objetivos del proyecto figura alcanzar la paridad entre los índices de precios de los productos agrícolas y los bienes industriales adquiridos por los agricultores. El documento prevé reducir la brecha que se produce cuando la maquinaria y otros insumos se encarecen más rápidamente que los productos de las explotaciones. En esa situación, los mismos ingresos permiten adquirir una menor cantidad de los bienes necesarios. Los enfoques para alcanzar la paridad de precios se desarrollarán posteriormente, manteniendo la libre formación de precios.
El documento señala la independencia alimentaria como garantía de la seguridad alimentaria. Para determinarla, prevé un indicador porcentual de autoabastecimiento que relaciona el volumen de alimentos, materias primas agrarias y productos agrícolas producidos en el Estado de la Unión con el consumo interno. Este cálculo permite cubrir la escasez de un país con los excedentes del otro. Se establece el objetivo de proporcionar a la población alimentos de calidad y asequibles en cantidades que se ajusten a las normas de consumo racional recogidas en la legislación de ambas partes.
Las medidas de desarrollo sostenible del sector agrario incluyen la aplicación de los resultados de la investigación aplicada y fundamental, el refuerzo de los vínculos de cooperación y la garantía de condiciones de competencia iguales para explotaciones de distintos tamaños. Para las pequeñas y medianas explotaciones se prevé fomentar la cooperación y facilitar el acceso a los mercados extranjeros. Otras medidas se refieren a la conservación y recuperación de los recursos naturales, la creación de empleos productivos y la formación de agrupaciones y asociaciones sectoriales. La cooperación intersectorial deberá orientarse a superar la dependencia de las importaciones en el suministro de recursos materiales y técnicos. También se prevé tener en cuenta las particularidades de las actividades económicas tradicionales, incluidas las actividades de subsistencia de los pueblos indígenas numéricamente minoritarios.
En un plazo máximo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor del acuerdo, las partes crearán un grupo de trabajo permanente para preparar y aplicar la política común. La copresidencia se encomendará a los responsables adjuntos del Ministerio de Agricultura de Rusia y del Ministerio de Agricultura y Alimentación de Bielorrusia. El grupo incluirá a representantes de estos ministerios y de instituciones científicas especializadas; los copresidentes aprobarán su composición nominal. Las reuniones se convocarán cuando sea necesario. Para alcanzar el cuórum se requerirá la participación de al menos dos tercios de los miembros aprobados.
Las partes resolverán mediante consultas las discrepancias relativas a la aplicación y la interpretación del acuerdo. Para modificar el documento será necesario el consentimiento por escrito de ambos países, y las enmiendas se formalizarán en protocolos separados. El acuerdo entrará en vigor el día en que se reciba por vía diplomática la última de las notificaciones escritas sobre la finalización de los procedimientos internos necesarios.
