El INALE enfrenta presión financiera tras el rechazo del plan por parte de legisladores uruguayos
La cámara baja de Uruguay rechazó el artículo 346 del proyecto de ley de responsabilidad fiscal y ejecución presupuestaria de 2025, que buscaba modificar la forma en que se financia el Instituto Nacional de la Leche, o INALE. La propuesta no logró obtener los votos necesarios durante el debate en la Cámara de Representantes.
La disposición rechazada habría entrado en vigor el 1 de enero de 2027. Proponía destinar la mitad de los ingresos del impuesto a las exportaciones de productos lácteos al INALE y la otra mitad al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
El artículo también proponía la abolición de una tarifa actualmente recaudada por el Banco de la República Oriental del Uruguay. Los ingresos de ese cargo se transfieren posteriormente a LATU bajo el arreglo actual.
Justino Zavala, miembro de la junta de la Asociación de Tamberos de Canelones y delegado de los productores en la junta directiva del INALE, describió la situación financiera del instituto como difícil. "El INALE tiene una fecha de vencimiento el 31 de diciembre; tenemos muy pocos recursos para seguir apoyando al instituto”, dijo en el programa de radio Tiempo de Cambio en Radio Rural.
La declaración se refería a la financiación disponible del INALE y no representaba una decisión formal de cerrar el instituto en esa fecha. La información publicada por el medio de noticias lácteas indicó que el horizonte financiero actual del instituto se extiende hasta finales de 2026.
El proyecto de ley ahora será considerado por el Senado. Zavala dijo que los productores esperaban que los senadores revirtieran la decisión, permitiendo que la propuesta regrese a la cámara baja para su aprobación final. “Esperamos que esto se revierta en el Senado y que, cuando regrese a la cámara baja para su aprobación final, ya no enfrentemos la resistencia que encontramos esta vez”, dijo.
El INALE reúne a representantes públicos y privados de la cadena láctea de Uruguay. Su trabajo incluye la producción y distribución de información del sector, la coordinación de instituciones y la contribución a políticas relacionadas con la producción láctea. Por lo tanto, el debate sobre el financiamiento concierne a los recursos disponibles para esas funciones, así como a la propuesta de asignación de ingresos del impuesto a la exportación.
