Crisis del Agua en Sinaloa Aumenta los Costos de Producción de Leche y Maíz
La crisis del agua en Sinaloa, México, ha alcanzado niveles críticos, con embalses como Sanalona, Miguel Hidalgo y Adolfo López Mateos operando a solo 8.3%, 7.5% y 11.8% de su capacidad, respectivamente. Esta situación ha resultado en pérdidas financieras significativas, estimadas en 10,000 pesos por hectárea para el cultivo de maíz.
El agotamiento de los recursos hídricos ha afectado gravemente la disponibilidad de forraje para las unidades de producción ganadera en la región. La Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) ha pedido que se unifiquen las políticas de apoyo agrícola y ganadero, destacando la necesidad de aumentar la eficiencia del riego, ya que los sistemas actuales operan solo al 35% de su potencial, desperdiciando dos tercios del agua captada.
La COUC ha instado al gobierno mexicano a declarar la escasez de agua como un problema de seguridad nacional. Si bien los programas estatales que utilizan siembra de nubes han aliviado parcialmente la situación, se considera urgente la inversión estructural en la infraestructura hidráulica de Sinaloa para prevenir el colapso financiero de los productores lecheros y agrícolas.
México, a pesar de ser el mayor importador mundial de maíz con compras que superan las 24.5 millones de toneladas, está experimentando escasez local de granos, lo que ha llevado a un aumento en los costos de producción de carne y leche. La COUC argumenta que los subsidios tradicionales son inadecuados y aboga por la adopción de biotecnología, fertilizantes biológicos y agricultura de precisión.
La próxima revisión del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) presenta una oportunidad para asegurar financiamiento internacional para modernizar los distritos de riego y rehabilitar los pastos en Sinaloa. Este enfoque podría proteger a los productores locales de la competencia extranjera fuertemente subsidiada y asegurar la viabilidad de la cadena de suministro alimentario dentro de América del Norte.
Según la COUC, se necesita una política estatal a largo plazo para salvaguardar la soberanía alimentaria, requiriendo colaboración entre científicos, productores lecheros y autoridades. El enfoque debe estar en la coinversión para construir un sistema agrícola resiliente, enfatizando que el suministro de bienes sociales no debe ser una competencia de recursos sino más bien una prioridad compartida.
